Normas que complican.

Obtener permisos para construir y habilitar obras en la DGFOC implica desentrañar una maraña de normativas, interpretaciones, informes y disposiciones.
A la inseguridad jurídica que la Ciudad de Buenos

Aires genera sobre nuevas inversiones, se suma la dificultad para obtener los permisos correspondientes para construir y habilitar las obras. La maraña de normativas, interpretaciones, informes y disposiciones —la mayoría, parte de un tratado oculto, ya que no se publica— convierten a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC) en una parafernalia burocrática.
A los ya consabidos certificados de AYSA, se agregarán la factibilidad de suministro de

las empresas prestatarias de gas y luz. ¿No deberían proveer las empresas esa información a la Ciudad? También, la obligación de inscribirse en un Registro de Demoledores y Excavadores y de presentar seguro de responsabilidad civil (el Gobierno sigue eludiendo su responsabilidad de control). Y si en el terreno no hay nada que demoler, el comprador tendrá el castigo de demostrar que no fue él quien demolió sin permiso.
Los funcionarios de esa Dirección pierden horas, días y meses tratando de ver

cómo se ponen en práctica estos requerimientos, en lugar de ocuparse de su verdadera tarea, que es el control de las obras. La confusión llega al punto de, por ejemplo, solicitar certificado de AYSA para estudiar la documentación de Condiciones contra Incendio, cuando se sabe que la instalación contra incendio no consume agua, porque se trata de una reserva estanca.
Pero no todas son malas noticias: en el boletín oficial de la Ciudad del 26 de junio pasado, salió publicado el Plan de Acción de Informatización de la DGFOC, que especifica que en un plazo de 61 días, los recurrentes podrán ingresar sus expedientes vía Internet. Según reconoce el Gobierno en el decreto 781, "dicha dependencia posee falencia en las instancia de atención al público, que las oficinas de ingreso de actuaciones no se encuentran integradas y se carece de un marco lógico y coherente para dar cuenta de las distintas tramitaciones". Así que, en lugar del reducido lapso de atención al público de 3 horas y media, ¡vamos a disponer las 24 horas del día para hacer los trámites! Si la idea es que la norma se cumpla, ¿podríamos poner en práctica el Art. 2.1.3.7 del Código de la Edificación, y retirar el día de la presentación del expediente el registro para comenzar a construir? Esto haría que los visadores chequearan la documentación antes de ingresarla, y no 30 o 40 días después, como ocurre ahora. También imagino que la maravilla de la informatización podría hacer otros milagros tales como citar a los profesionales mediante correo electrónico (¡o por teléfono!). En la actualidad se los cita mediante una vía

administrativa que recorre varias dependencias, insume un montón de personas que deben revisar el expediente, hacer remitos y firmar entradas y salidas, todo con el riesgo de que se pierda en el camino: entre uno y seis meses entre la ida y el regreso.
Y a lo mejor también se consiguen simplificar otros trámites, como el pedido de desratización ante Medio Ambiente: ahora hay que llevar un plano de lo que se va a demoler, previamente visado por el Consejo Profesional respectivo, previamente visado por el Departamento de Estadísticas de la DGFOC junto con el plano de lo que se va a construir, previamente firmado todas las veces que sea necesario por el profesional responsable, ya que esos planos no pueden enmendarse.
Trámite relativamente sencillo y rápido si se lo compara con otros. Porque ni hablar de obtener el 3ø PVO, que es el que sirve para subdividir y vender la propiedad. Si bien el Profesional Verificador de Obra está obligado a realizar la inspección e informar en 8 días en total, en el 95 % de los casos se vuelve a inspeccionar para corroborar los dichos de ambos profesionales. Entonces, el expediente debe ser trasladado a otra sección, que lo pasa al inspector de zona, que después de revisar la obra lo envía al jefe de inspectores para que lo firme, que a su vez lo remite al Departamento de PVO para que estudie si lo otorga.
Está claro que debería haber en esa oficina un cuerpo de inspectores que, con la misma rapidez que los verificadores, revise y se expida. Entonces vender no sería un propósito divino destinado sólo a los que disponen de tiempo (entre tres y seis meses) para hacerlo. Y todo ese tiempo administrativo lo usaría la DGFOC para volcarse al control de las obras en forma sistemática y no por presión política.
Las últimas grandes modificaciones de códigos que hubo en la Ciudad generaron un sinnúmero de interpretaciones —no todas publicadas— para poder aplicarlas, tal el grado de confusión que agregaron. Y la propuesta de modificación del Código de la Edificación elevada a la Legislatura tampoco mejoraría la situación, ya que además de ser vaga e imprecisa sobre muchos aspectos, remite constantemente a normas nacionales o privadas. Y sigue siendo prescriptiva, cuando en las grandes ciudades se plantean códigos por objetivos, y así favorecen la investigación de soluciones y tecnologías alternativas.
Además, como la propuesta que se encuentra en estudio se ofrece como un gran paquete, siempre habrá objeciones y dilaciones. Por eso mismo, actualizaciones tan necesarias como los capítulos de Seguridad contra Incendios y Ascensores quedarán supeditadas a los vaivenes políticos.

Magdalena Eggers es arquitecta y experta en normativa.
Fuente: Clarín Arquitectura.