La falta de un plan urbano mantiene paralizadas más de 100 obras

La reciente sanción de la ley que exigirá la entrega de certificados de factibilidad para autorizar obras nuevas en todos los barrios, y que incluirá la aprobación de todas las empresas de servicios -agua, electricidad y gas-, lejos de aquietar las aguas, agitó la controversia entre el gobierno porteño, AySA, profesionales y vecinos. Mientras tanto, el problema crece y ya no se reduce a la disponibilidad de infraestructura en ciertas zonas, sino a un tema de fondo que está latente: la falta de planeamiento de toda la ciudad.

"La problemática viene de un proceso histórico de deterioro. Esto significa una merma de inversiones y desde el gobierno se deja todo en manos de las empresas proveedoras de servicios. Nos parece una situación peligrosa como antecedente porque habla de la desarticulación y desaparición del planeamiento que impide que la ciudad tenga un plan ordenado", afirma el arquitecto Daniel Silberfaden, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA).

Sin infraestructura

LA NACION intentó consultar al ministro de Planeamiento y Obras Públicas del GCBA, ingeniero Juan Pablo Schiavi, pero no respondió la llamada. Por su parte, el presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), considera: "En la Casa de Gobierno, el presidente de AySA dijo que no tienen problemas para proveer agua en tiempos menores de lo que tarda una obra. Esto desnuda el verdadero problema: el planeamiento de la ciudad, las densidades, las tipologías. La infraestructura es secundaria".

En este sentido, el ingeniero José Pablo Chelmicki, titular de la Comisión del Area Metropolitana, Infraestructura y Urbanismo del Centro Argentino de Ingenieros (CPIC), destaca que la infraestructura no es el gran problema porque "la producción local de energía supera el consumo en Capital, en el gas no hay problemas en la red, sino en la producción, mientras que AySa declaró que no existen problemas en responder a la demanda por aumento de consumo".

Según estimaciones del CPAU estaría paralizadas el doble de obras de las 134 que se aceptan oficialmente. En total, se habrían paralizado más de 600.000 m2, que implican 270 millones de dólares y una posible pérdida de 50.000 puestos de trabajo.

El licenciado Gustavo Desplats, de la Asociación Protocomuna Caballito, asegura: "El problema de fondo es que la falta de un planeamiento equilibrado genera grandes asimetrías entre el norte y el sur de la ciudad". Y agrega: "Caballito, Villa Urquiza y Palermo concentran en los últimos años el 50 por ciento de todo lo que se construye. El año último, el 46 por ciento fue vivienda premium. Este año se construirán sólo 1700 viviendas sociales. Para cubrir la demanda de 600.000 personas pobres y 600.000 de clase media se deberían construir 10.000 viviendas por año durante 8 años, aproximadamente, un millón de m2".

Sin embargo, mientras la distancia entre lo que debería ser y la realidad aumenta, la aprobación del Plan Urbano Ambiental se convierte en una utopía cada vez más lejana.

F. G. C.

Fuente:La Nacion Sup.Arquitectura.