AySA no les entrega a los constructores un certificado impuesto por el Gobierno porteño que garantiza el servicio. Según la empresa estatal, hay 134 permisos retenidos. Para los arquitectos, hay más del doble.
El debate por el crecimiento de la construcción en los barrios de Buenos Aires sigue subiendo su temperatura, ya que la empresa AySA le admitió a Clarín que 134 obras de gran dimensión están paradas porque no se puede garantizar que no impacten negativamente sobre el servicio de agua potable y cloacas de la zona.
El dato podría tomarse como una confirmación de que los problemas de infraestructura que denuncian los movimientos vecinales que se oponen al crecimiento de la construcción efectivamente existen.
Sin embargo, del otro lado, los constructores dicen lo suyo y meten presión. En el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) estiman que la cifra de proyectos demorados llega hasta 280 y se quejan de "falta de seguridad jurídica".
"En este momento, la decisión sobre qué se construye y qué no en Buenos Aires la toma AySA, en lugar del Gobierno de la Ciudad", le dijo a Clarín Carlos Berdichesky, presidente del CPAU.
Actualmente, el certificado de factibilidad de AySA se exige solamente para construir en diferentes zonas de cinco barrios, de acuerdo a lo que establece el decreto 220, firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, en febrero. Se trata de Palermo, Caballito, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Coghlan, lugares considerados críticos desde el punto de vista de su densidad de población, del estado de la infraestructura y de la cantidad de proyectos inmobiliarios.
Sin embargo, de acuerdo a un proyecto de ley aprobado el último jueves por la Legislatura porteña, próximamente se pedirán certificados de factibilidad para autorizar obras nuevas en cualquier punto de la Ciudad, y no solamente de AySA, sino también de las empresas que prestan servicios de electricidad y gas.
"Acá existe un reclamo de vecinos de distintos barrios de que se pare la construcción. Por otro lado, el Gobierno porteño no dice si la Ciudad está o no en condiciones de seguir soportando el crecimiento inmobiliario como hoy se está dando. Entonces, decidimos armar un camino intermedio, en el cual las empresas de servicios públicos deberán evaluar cada caso. Si hoy están paradas obras porque AySA no las autoriza, debe ser porque los problemas de infraestructura existen", afirmó el diputado macrista Alvaro González, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.
Según informaron ayer en AySA a este diario, desde que en febrero entró en vigencia el decreto 220 hasta mediados del mes pasado, en la empresa de agua y saneamiento se recibieron 348 pedidos de certificados de factibilidad para poder construir.
En la empresa estatal dijeron que 134 de ellos -los proyectos de más de 5.000 m2 cubiertos, que son los que más impacto podrían tener en la presión de agua y la red de cloacas del barrio- fueron remitidos a una comisión creada por el mismo decreto en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas, para que las analice. Y que es en esa comisión donde están parados los planteos.
Clarín quiso consultar al ministro de Obras Públicas porteño, Juan Pablo Schiavi, pero éste no atendió el llamado. Su vocera indicó que "los pedidos de autorización para obras no están parados. Están siendo analizados y ésta una tarea compleja que necesita tiempo".
La cuestión ya disparó un pedido de informes al Poder Ejecutivo presentado en la Legislatura por el diputado de Recrear Marcelo Meis, que quiere saber oficialmente cuántas son las obras que están esperando el certificado de AySA y qué está haciendo el Gobierno de la Ciudad ante esta situación.
En el CPAU dicen que estas circunstancias han paralizado la construcción de 336.000 m2, que significan 268 millones de dólares inmovilizados y una pérdida de aproximadamente 50.000 puestos de trabajo directos o indirectos.
"AySA contesta en muchos casos que necesita un plazo de entre 9 y 15 meses para asegurar las obras cloacales. La realidad es que el que debe asegurar la infraestructura es el Gobierno de la Ciudad. No puede pasar que la decisión quede en manos de una empresa. Si no queremos que en determinados barrios se construya, que se modifique el Código de Planeamiento Urbano con las audiencias públicas y los debates previstos por la Constitución de la Ciudad", reclamó el presidente del CPAU, Berdichesky.
Esta institución dice que le ha pedido información oficial a Ay SA sobre la cuestión, pero que no tuvo respuesta.
Todavía no está claro si la Legislatura va a dar ese debate sobre modificaciones al Código de Planeamiento Urbano, con el objetivo de preservar la fisonomía de ciertos barrios, donde hoy está permitido construir a alturas importantes.
"Hay dos posturas enfrentadas, de grupos de vecinos y de constructores. Hoy la inversión está yendo solamente donde es más rentable y por eso la gente de esos barrios se queja. Creo que tenemos que discutir modificaciones al Código para discutir qué tipo de Ciudad queremos", opinó el diputado kirchnerista Juan Manuel Olmos, vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano.
Daniel Gutman
www.clarin.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario